Galicia es la segunda comunidad con más potencia eólica en tramitación

Las Administraciones autorizaron una capacidad similar a la de tres plantas térmicas como la de As Pontes, pero solo instaló 70 megavatios en el 2025

El sector eólico tiene actualmente en España 32,5 gigavatios en tramitación, y casi 6,8 se corresponden con proyectos presentados en Galicia. Es la segunda comunidad del país con más potencia en desarrollo —por detrás de Aragón—, y la primera por volumen autorizado que sigue pendiente de ejecución. Al cierre del pasado año, los promotores del sector tenían parques con la licencia de construcción en el territorio gallego por 3,4 gigavatios —frente a los 2,3 de Aragón—, lo que muestra la dimensión real del parón judicial que le afecta desde hace casi cinco años.

La capacidad de esta tecnología renovable es ligeramente inferior a la que tendrían tres centrales térmicas como la que funcionó en As Pontes. Además de los 3,4 gigavatios pendientes de instalación, otros 2,4 han presentado las pertinentes solicitudes ante las Administraciones; 0,6 cuentan con la declaración de impacto ambiental (DIA), y 0,1 con la autorización previa.

Pese a la gran demanda que tiene el sector en la comunidad y a ese volumen de capacidad en tramitación, Galicia únicamente instaló el pasado año 70 megavatios de potencia, de acuerdo con los datos recogidos en el último anuario de la Asociación Empresarial Eólica. Y aún con ese pírrico dato, fue la tercera comunidad del país que instaló más generación eólica en el 2025. Fueron 70,6 megavatios, muy lejos de los 566,38 de Castilla y León, y de los 611,4 de Aragón, la comunidad que lidera en los últimos ejercicios el impulso a esta tecnología a nivel nacional.

Medidas por la judicialización

La judicialización que ha implicado un frenazo en seco al desarrollo del sector en Galicia tiene en este territorio el mayor impacto, pero en otros también mantiene sus efectos crecientes. Por ello, la patronal nacional ha incluido por primera vez un decálogo con las medidas de actuación que demanda «para reforzar la seguridad jurídica y agilizar los proyectos».

Así, lamentan que en algunos procedimientos, los informes periciales aportados por las entidades ecologistas que recurren los permisos «carecen manifiestamente de rigurosidad técnica», por lo que la entidad considera «crítico exigir un mayor grado de acreditación para admitir» este tipo de documentos. Además, insta a exigir que los informes periciales que cuestionen proyectos eólicos «incorporen como requisito previo para su aceptación la propuesta de una alternativa al proyecto cuestionado».

La asociación también cuestiona la participación de organizaciones ambientalistas en recursos contra proyectos del sector que no acreditan una afección directa, por lo que pide que se refuercen los mecanismos de control, «evitando prácticas abusivas». La patronal incide además en la necesidad de que la suspensión cautelar de los proyectos no se convierta en una herramienta de bloqueo automático.

En ese sentido, la AEE entiende que la solicitud de medidas cautelares —en Galicia existen actualmente 86 proyectos afectados por fallos o suspensiones— «se formula con frecuencia sin asumir ningún coste ni riesgo económico, incluso en supuestos con escasa base jurídica». Demanda que se incorpore «la obligación de constituir caución en vía administrativa en todos los casos en los que la suspensión sea solicitada por terceros, fijándola de manera proporcional al daño potencial». Igualmente, reclama que se revisen los criterios para la concesión de la justicia gratuita.

Llevar a cabo la trasposición del interés público superior para la energía eólica —lo que establece que su implantación debe primar sobre el resto de criterios— y la mejora de los plazos de respuesta en los recursos son otras de las medidas que la patronal considera necesario impulsar para reducir la judicialización de los proyectos.

Además de las paralizaciones en los tribunales, la asociación apunta la aceptación social, la repotenciación de los parques más antiguos y el impulso a la economía circular y la eólica marina, la electrificación de la demanda, el almacenamiento y la mejora en la integración en las redes como otros de los desafíos que tiene que afrontar y resolver.

Podio de las eléctricas

El estudio realizado por la patronal que dirige Rocío Sicre indica que, a nivel nacional, Iberdrola revalida su primer puesto en cuanto a potencia instalada. Tiene en España 6.274,64 megavatios; le siguen en el podio Acciona Energía (con 3.843,73) y Endesa, con 2.792. Naturgy ocupa la cuarta plaza, con 2.433,22, y EDP la quinta, con 2.015,40. En total, hay 55 promotores con parques en el país.

Un impacto de 357,3 millones del sector en Galicia al PIB nacional

Las cifras que maneja la Asociación Empresarial Eólica muestran que el eólico aportó más de 3.274 millones de euros al producto interior bruto (PIB) nacional, 1.963 de forma directa. Galicia es la comunidad del país que realiza una mayor contribución, con 357,3 millones —en este caso, el último balance es del 2024—, seguido de Castilla y León, con 282,9; Aragón, con 256,5, y el País Vasco, con 191,8. Además, realiza otras aportaciones a las arcas de los territorios en los que opera. Como ejemplo, en Galicia contribuye con 22 millones anuales en concepto de canon eólico.

O Resumo Semanal - Edición N° 698 - 30 de julio de 2026

Fuente: lavozdegalicia.es | 26 de julio