La inversión en centros de datos se frena en seco tras el decreto del Gobierno y se dirige a otros países

La patronal amenaza con exigir indemnizaciones millonarias mientras tres grandes proyectos por 9.000 millones preparan alternativas fuera de España si el texto sale adelante

Casi veinte días han pasado desde que el Consejo de Ministros diera luz verde al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. «Desde entonces, el teléfono ha dejado de sonar», explica una fuente del sector a este periódico. «Los inversores son muy serios», remacha. La patronal SpainDC, que agrupa a más de 300 compañías vinculadas al sector, sostiene que el borrador ha frenado en seco el interés por invertir en España y que cerca del 15 % de la inversión prevista ya trabaja con alternativas fuera del país por si la norma sale adelante en sus términos actuales. No son proyectos oficialmente cancelados, pero sí inversiones con un plan B preparado. En concreto, se trata de tres grandes proyectos que suman alrededor de 9.000 millones de euros.

«España ha pasado de ser el país más interesante para el sector internacional a ser el menos interesante», resume Emilio Díaz, presidente de SpainDC. La asociación sostiene que el daño va más allá de estos tres proyectos y habla ya de «efectos devastadores» sobre la imagen del país y de un deterioro de la percepción de «riesgo país» por la inseguridad jurídica e incertidumbre generadas por el texto.

El problema, advierten, puede ser mucho mayor. SpainDC calcula que entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría quedar comprometida si la regulación se aprueba sin cambios. Las previsiones que manejaba hasta ahora la patronal contemplaban unas inversiones acumuladas de 66.900 millones de euros y una potencia conectada a la red de unos 2.600 MW en 2030.

A ello se suma el capital ya comprometido. La asociación estima que los grupos tecnológicos han ejecutado entre 27.000 y 33.000 millones de euros en proyectos previstos para entrar en funcionamiento de aquí a 2030. «A los operadores se les han cambiado las reglas del juego de un momento para otro», lamenta Díaz.

Es precisamente la aplicación de las nuevas exigencias a proyectos ya en marcha uno de los principales focos de conflicto. Las compañías llevan años identificando terrenos, asegurando puntos de acceso, realizando ingeniería y comprometiendo capital bajo un marco regulatorio que ahora puede cambiar antes de que las instalaciones entren en funcionamiento. El documento de alegaciones del sector advierte de que las nuevas obligaciones alteran las premisas bajo las que se tomaron decisiones de inversión y comprometen el principio de seguridad jurídica. 

Begoña Villacís, directora general de la asociación, anticipa incluso consecuencias económicas para el Estado. «Las inversiones internacionales se han hecho en base a un contexto legal y se han cambiado las reglas, y eso va a dar lugar a compensaciones multimillonarias», advierte. SpainDC cuestiona además el encaje jurídico del texto, denuncia una posible vulneración del principio de reserva de ley y sostiene que determinados recargos sobre peajes y cargos pueden funcionar en la práctica como un régimen sancionador. Las alegaciones también rechazan que los peajes se utilicen como penalización por incumplimientos administrativos.

Lío energético

En el centro de la disputa están las exigencias energéticas. El borrador obligaría a que al menos el 80% de la electricidad consumida por los nuevos centros proceda de fuentes renovables, pero además exige que esa energía sea de nueva generación y que exista correlación horaria entre producción y consumo. Las instalaciones renovables utilizadas para cumplir determinados requisitos no podrían superar los 18 meses de antigüedad.

Para SpainDC, la suma de todas estas condiciones equivale a una «prohibición de facto» para instalar nuevos centros de datos en España. «Es imposible que los centros de datos puedan cumplir con estos requisitos», sostiene Villacís. «La regulación es un veto al sector», añade.

Una de las principales líneas rojas es la correlación diaria. «No hay ningún recorrido. Es una barbaridad», afirma Villacís. Según la asociación, empresas del sector energético les han trasladado además que no pueden garantizar contratos PPA capaces de cumplir esas condiciones de forma permanente. Las propias alegaciones reclaman eliminar el criterio de adicionalidad y flexibilizar la correlación temporal.

SpainDC también cuestiona las previsiones de crecimiento de demanda que manejan las autoridades. Frente a escenarios de hasta 12 GW, el sector calcula que España contará con entre 2 y 3 GW en 2030, desde aproximadamente 0,5 GW actuales.

La patronal teme que la inversión que deje de ejecutarse en España no desaparezca, sino que se desplace a otros mercados europeos. Portugal y Francia aparecen como principales alternativas. «España no puede ir por el camino inverso de Europa», advierte Villacís. «Gracias al impulso de la UE los centros de datos estarán en Europa, pero con este real decreto se irán a otros espacios».

La Xunta presentó alegaciones a la regulación

Mientras el Gobierno continúa defendiendo la validez del decreto y su interés por ordenar el sector con los mejores proyectos, entidades de todo tipo y Gobiernos autonómicos —como el de Aragón— han presentado un aluvión de alegaciones. En concreto, más de 600. La Xunta también elevó aportaciones contra la norma. «Las necesidades de consumo energético de los centros de datos compiten con las de otros proyectos industriales», recuerdan desde la Consellería de Economía, que aboga por «garantizar que todo tipo de proyectos que necesiten consumo eléctrico puedan contar con la energía necesaria para implantarse en nuestro territorio reforzando la red de transporte». Insta a impulsar medidas para el autoconsumo de los centros de datos.

O Resumo Semanal - Edición N° 705 - 17 de setiembre de 2026

Fuente: lavozdegalicia.es | 11 de setiembre